Aunque el Cabildo de San Pedro Cholula ya solicitó al Congreso del Estado analizar la posible destitución del síndico municipal, Iván Cuautle Minutti, el Poder Legislativo no puede proceder sin una resolución definitiva de la autoridad municipal competente, esto tras las acusaciones por presuntamente operar la pérdida de juicios contra el Ayuntamiento a cambio de moches.
Así lo confirmó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Laura Artemisa, quien detalló que además, no ha llegado ningún documento oficial por parte del Ayuntamiento que habilite la intervención legislativa.
“Hay un proceso interno que se tendrá que presentar todavía en el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, porque para nosotros, poder intervenir, debe de existir algún dictamen de una autoridad competente que pueda decir que hay la falta correspondiente”.
A pesar de que el Cabildo ya votó por pedir al Congreso local que analice su posible remoción, el proceso no puede avanzar sin que la Contraloría municipal emita una resolución firme que fundamente la gravedad de las faltas administrativas atribuidas al funcionario.
Una revisión jurídica al tema indica que en ausencia de este paso previo, cualquier análisis legislativo sería considerado un juicio anticipado que vulneraría el principio de presunción de inocencia y los derechos político-electorales del servidor público.
La ruta legal para que el Congreso pueda actuar está delimitada por la Constitución y la Ley Orgánica Municipal: solo ante faltas graves que afecten el interés público o el funcionamiento del Ayuntamiento –y siempre respaldadas por resoluciones de autoridades competentes–, puede iniciarse un procedimiento de revocación o suspensión.
Además, tratándose de cargos de elección popular, el Poder Legislativo debe respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas, pues es una figura que se elige al igual que el del presidente municipal o regidores.
¿Qué se necesita para que el Congreso actúe?
El procedimiento está sujeto a reglas estrictas. Por tratarse de un funcionario electo, no basta con que el Cabildo quiera removerlo, toda vez que deben probarse faltas que afecten directamente el funcionamiento del Ayuntamiento o el interés público.
Las sanciones como la suspensión o revocación de mandato sólo proceden cuando existen elementos contundentes, como: que el servidor público haya cometido faltas reiteradas que causen perjuicios al municipio; que haya intervenido indebidamente en funciones ajenas, reteniendo recursos públicos o provocando desorden institucional; o que se le haya iniciado un proceso penal por delitos graves y exista una resolución judicial firme.
En todos los escenarios, la intervención del Congreso depende de que una autoridad, ya sea administrativa o judicial, haya concluido que las faltas existieron y son suficientemente graves.
En este caso, lo que se discute son posibles responsabilidades administrativas, por lo que le corresponde al Órgano Interno de Control municipal determinar si hay sustento. Sin esa resolución, el Congreso no puede iniciar ningún procedimiento, porque hacerlo implicaría prejuzgar y violar la presunción de inocencia.
Las acusaciones
En paralelo a este contexto jurídico, el síndico Iván Cuautle Minutti acudió esta semana al Congreso del Estado, donde rechazó que su visita tuviera fines de negociación y sostuvo que solo asistió a un foro.
Sin embargo, aprovechó el espacio para denunciar presuntos actos de corrupción entre miembros del Cabildo que habrían votado a favor de pedir su destitución.
Según Cuautle, algunos regidores recibieron beneficios económicos y favores para respaldar el procedimiento en su contra. Mencionó, por ejemplo, el pago de facturas de comida y descuentos en restaurantes supuestamente otorgados por la administración municipal, además de presuntos descuentos irregulares en permisos de Desarrollo Urbano.
También anunció que interpondrá denuncias ante instancias como el Órgano Interno de Control –a pesar de señalar que este opera bajo el control de sus adversarios– y que está dispuesto a llevar sus argumentos ante el Congreso.
Entre sus señalamientos, incluyó al Contralor municipal por presunto uso indebido de funciones y obstrucción del trabajo de la sindicatura.
El funcionario sostuvo que las decisiones que derivaron en el violento operativo en el Mercado Cosme del Razo el pasado 8 de julio no fueron su responsabilidad, sino de la Dirección de Normatividad, entonces a cargo de Francisco Quitl, y afirmó que él no fue consultado ni tuvo participación directa en ese despliegue.
Asimismo, denunció un presunto déficit fiscal superior a 9.5 millones de pesos en los estados financieros del municipio, e irregularidades en áreas como Tesorería, Gobernación, Normatividad y Contraloría.
