La presidenta de la República descartó que su administración mantenga actualmente algún tipo de negociación con los empresarios israelíes señalados por su presunta relación con el software de espionaje Pegasus, utilizado en administraciones anteriores para intervenir ilegalmente comunicaciones de periodistas, activistas y opositores políticos.
“No hay negociaciones en curso con esos empresarios”, afirmó tajante la mandataria este lunes, al ser cuestionada sobre el seguimiento al caso Pegasus, una de las investigaciones más sensibles en torno al uso indebido de herramientas de inteligencia en México.
La presidenta señaló que es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitar la información necesaria a las autoridades de Israel, tanto sobre el origen y destino del software como sobre los contratos que permitieron su uso en territorio mexicano.
“Corresponde a la FGR solicitar la información requerida sobre Pegasus a autoridades israelíes, así como toda la información que se requiera”, subrayó la mandataria.
El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, fue adquirido por distintas instancias del gobierno mexicano durante sexenios anteriores. La plataforma permitía intervenir teléfonos móviles sin el conocimiento de sus usuarios, y según investigaciones periodísticas y oficiales, fue empleada para espiar a defensores de derechos humanos, políticos de oposición, periodistas y hasta funcionarios públicos.
La Fiscalía abrió en 2021 una carpeta de investigación que implicó a exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, y más recientemente a otros actores involucrados en su contratación. No obstante, la identificación y posible enjuiciamiento de los empresarios israelíes relacionados con la venta del software ha sido uno de los puntos más complejos del caso, debido a los requerimientos diplomáticos y jurídicos internacionales.
La presidenta reiteró el compromiso de su administración con la transparencia y la justicia: “La responsabilidad ahora está en manos de la Fiscalía, y el gobierno federal no protege ni protegerá a nadie implicado en estas prácticas ilegales”.
El caso Pegasus ha sido señalado por organismos nacionales e internacionales como un ejemplo de violación a derechos humanos a través de tecnología, y su resolución es considerada clave para garantizar garantías constitucionales en materia de privacidad y libertad de expresión.
