Julio César Chávez Jr. será repatriado a México tras ser detenido en California por autoridades migratorias de Estados Unidos, quienes lo identificaron como un presunto colaborador de organizaciones criminales. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de armas, drogas y explosivos, y que la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició los trámites para su deportación.
En la conferencia matutina de este viernes, la mandataria precisó que fue el fiscal Alejandro Gertz Manero quien le informó sobre la existencia del expediente, cuya carpeta de investigación se abrió en 2019, aunque el juez libró la orden de captura hasta 2023, sin que hasta ahora se hubiera ejecutado por la residencia prolongada del boxeador en territorio estadounidense.
El nombre de Julio César Chávez Jr. fue vinculado en medios estadounidenses con el Cártel de Sinaloa, señalamiento que no figura en los registros de la FGR, según indicó Sheinbaum al descartar que dicho tema haya sido tratado en el más reciente Gabinete de Seguridad.
La presidenta sostuvo que no existen elementos probatorios que confirmen esa conexión en México, aunque reconoció que agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sí lo mencionaron en sus reportes.
“Lo que corresponde ahora es que se lleve a cabo el proceso de manera legal, con apego al debido proceso y respetando los derechos del imputado”, afirmó Sheinbaum al subrayar que su gobierno actúa sin distinciones en el combate a la delincuencia organizada.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, la detención se produjo el 2 de julio en Anaheim, California, luego de que Chávez Jr. ingresara al país sin visa vigente. El DHS lo incluyó en un procedimiento de “remoción expedita” al considerarlo una amenaza para la seguridad pública.
Aunque no se ha informado una fecha específica para su repatriación, el gobierno mexicano ya coordina con Estados Unidos los términos de su entrega conforme a los protocolos internacionales. La FGR será la encargada de ejecutar la orden de aprehensión una vez que el excampeón de boxeo pise suelo nacional, con el fin de presentarlo ante un juez y avanzar en el proceso judicial.
El caso ha generado un amplio interés público no solo por el perfil mediático de Chávez Jr., sino por las acusaciones que enfrenta en México, donde la carpeta de investigación incluye delitos considerados graves, lo que impediría cualquier posibilidad de fianza.
Sheinbaum reiteró que su administración garantizará los derechos del imputado durante todo el procedimiento, pero que también actuará con firmeza para que enfrente las consecuencias legales.
“A cualquier mexicana o mexicano se le da el apoyo consular, tenga orden de aprehensión o no, pero si la tiene, hay protocolos específicos que aplica la Fiscalía”, insistió.
La presidenta aclaró además que desconocía la existencia de la orden judicial antes de la detención, pero fue informada por el fiscal Gertz una vez que el tema surgió tras su aprehensión.
Dijo también que los delitos señalados en el expediente no se derivan de los señalamientos públicos hechos por autoridades extranjeras, sino de una indagatoria iniciada desde hace varios años.
Por lo tanto, el eventual proceso judicial se basará únicamente en pruebas y acusaciones registradas por el Ministerio Público mexicano, sin que hasta el momento se confirme la existencia de testimonios o pruebas compartidas por el gobierno de Estados Unidos.
Mientras el proceso de deportación continúa, la FGR asumirá la responsabilidad de actualizar la información del caso, en tanto que la Presidencia de la República mantendrá su postura de no interferencia.
“No se mencionó (el vínculo con el Cártel de Sinaloa) en el Gabinete, lo que sí es que hay una investigación de la Fiscalía que tiene que ver con delincuencia organizada”, reiteró Sheinbaum, quien también confirmó que el excampeón perdió su última pelea contra el youtuber Jake Paul el pasado fin de semana. Aunque ese episodio fue ajeno al proceso penal, terminó por situarlo en el centro del debate público.
