El gobernador Alejandro Armenta Mier dejó claro que la Ley de Ciberseguridad recién aprobada por el Congreso local, no busca limitar la libertad de expresión ni criminalizar la crítica, sino proteger a los sectores más vulnerables de los delitos cometidos a través de internet, toda vez que existen mil 500 denuncias que no se judicializaron previo a esta reforma y Puebla ocupa el quinto lugar nacional con más ciberdelitos.
Desde Palacio municipal, Armenta recalcó que la ley busca combatir delitos como la extorsión a empresarios mediante el secuestro de sistemas informáticos, así como el acoso y la manipulación de menores en redes sociales, muchas veces con fines de explotación.
El gobernador apuntó que esta legislación no va dirigida a los medios de comunicación, sino a ciberdelincuentes y sostuvo que, por el contrario, el gobierno del estado defenderá la libertad de expresión.
“Los medios no son delincuentes; al contrario, son promotores de la comunicación y el derecho a la información, ustedes son guardianes de la libertad de expresión y nuestra obligación es defender sus derechos, no limitarlos. Así que no es censura”, apuntó.
Para disipar dudas y abrir el debate, Armenta recordó que solicitó al Congreso del estado la realización de foros donde participen empresarios, juristas, colectivos de defensa de derechos humanos, periodistas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En respaldo a la postura del mandatario, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, ofreció cifras que contextualizan la gravedad del problema. Recordó que Puebla ocupa actualmente el quinto lugar a nivel nacional en denuncias por ciberdelitos y que se han abierto mil 500 carpetas de investigación por este tipo de hechos.
García Parra también rebatió lo que calificó como «narrativas falsas» que se han intentado posicionar, pues aclaró que no es verdad que ya no se podrá criticar a los funcionarios públicos y que, si alguien falla, por el contrario, debe ser señalado.
El funcionario expuso que la Ley de Ciberseguridad responde a una problemática urgente: el aumento del bullying digital, el hostigamiento y otros delitos que han provocado incluso tragedias entre menores de edad, inclusive el suicidio.
“Hay mil 500 carpetas de investigación por este tipo de ciberdelitos. Y antes de esta ley no se pudo judicializar ninguna carpeta, por no estar tipificados y considerados en la ley, solamente se judicializaron dos, pero fue por otros delitos, no por el principal, cometido a través de tecnologías de información y de internet”, apuntó.
