El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que su administración ha identificado diversas anomalías en al menos cinco áreas estatales, por lo que se han iniciado procedimientos sancionatorios y se ha dado vista a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para su debida investigación.
Entre las áreas señaladas se encuentran el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría de Medio Ambiente y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), además de nuevas indagatorias sobre presuntas irregularidades en la Secretaría de Finanzas, donde se habría operado una red de evasión fiscal.
Armenta sostuvo que algunas de las investigaciones ya derivaron en sanciones administrativas y que se mantienen abiertos varios expedientes con indicios de corrupción y abuso de funciones.
También advirtió que su gobierno no permitirá chantajes, ni extorsiones por parte de servidores públicos que condicionen trámites a los ciudadanos y aclaró que no se hará escarnio público de los responsables, ni se recurrirá a detenciones espectaculares, pero actuarán con apego a derecho.
“Hoy insistí que cualquier acto de corrupción, abuso de autoridad o violación a la ley de responsabilidad de los servidores públicos sea denunciada, tenemos indicios y los titulares de las áreas están actuando”, expuso.
El gobernador pidió a la ciudadanía participar activamente denunciando cualquier acto irregular y adelantó que se solicitó a las autoridades competentes revisar el caso del fallido depósito estatal en Banco Accendo, con el fin de deslindar responsabilidades y transparentar la gestión de recursos públicos, aún cuando se trate de exfuncionarios de la administración Barbosista.
Por otro lado, anunció que en los próximos días dará a conocer un nuevo acuerdo relacionado con la operación del Museo Internacional del Barroco (MIB), uno de los proyectos heredados con mayor carga financiera para el erario estatal.
Hasta mayo, 36 funcionarios del gobierno estatal han sido sancionados por faltas administrativas y posibles actos de corrupción, según informó el gobernador Alejandro Armenta recientemente.
Dos de ellos fueron destituidos, mientras que otros 22 fueron inhabilitados y también se impusieron amonestaciones públicas y privadas, y una suspensión.
Estas acciones forman parte de los 478 expedientes que se han abierto desde enero, los cuales son investigados por los 22 órganos de control interno del estado.
Armenta afirmó que su gobierno combatirá la corrupción sin caer en el espectáculo mediático, descartando actos como detenciones públicas o la creación de listas negras. Además, anunció que trabaja en la creación de una «Ley Antimilpa», para regular donaciones a políticos y prevenir acuerdos ocultos.
