Claudia Sheinbaum Pardo pidió investigar el presunto uso de estructuras gubernamentales para distribuir propaganda y movilizar votantes en la inédita elección judicial del próximo 1 de junio. La presidenta rechazó que existan pruebas de una intervención oficial y llamó a presentar denuncias formales en caso de contar con evidencia.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum respondió a reportes sobre la distribución de “acordeones” con nombres de aspirantes a cargos judiciales. “¿Dónde dicen que hay estructuras? ¿Dónde está la prueba de que hay estructuras gubernamentales?”, cuestionó. Añadió que, si se comprueba alguna irregularidad, deben intervenir las instancias legales competentes, como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral.
La presidenta enfatizó que su administración no respalda el uso de recursos públicos para influir en procesos democráticos. “Nunca hemos estado a favor de que se usen recursos públicos. Que la gente vote libremente”, sostuvo. En referencia a un video viral en redes sociales, en el que una joven afirma haber recibido dinero para repartir propaganda electoral, Sheinbaum insistió en que cualquier acusación debe formalizarse ante la autoridad electoral.
El INE, por su parte, emitió medidas cautelares para suspender la circulación de los llamados “acordeones”, tras recibir denuncias sobre su uso. De acuerdo con el organismo, estos materiales atentan contra la equidad en la contienda y la libertad del voto. En sesión extraordinaria, su Consejo General exigió el cese inmediato de esta propaganda, sin importar el origen o los responsables de su difusión.
El proceso electoral del 1 de junio representa un cambio histórico en la organización del Poder Judicial, ya que por primera vez se elegirán por voto popular a las personas que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Este esquema de elección directa ha generado amplio debate sobre los riesgos de politización, la transparencia en la selección de candidaturas y el papel de las instituciones del Estado. Las acusaciones sobre uso de estructuras públicas se suman a estas inquietudes, en un contexto en el que la confianza ciudadana en la imparcialidad del proceso es crucial.
