En la Cantera, una colonia pobre de Santa Clara Ocoyucan, los pobladores cada día se convencían más de que su lucha para defender su patrimonio frente a Grupo Proyecta, la poderosa empresa que construyó Lomas de Angelópolis, estaba perdida.
La confirmación se basaba en el silencio y negativa de las autoridades para escucharlos y atenderlos. Allí cuando la maquinaria de la empresa derribaba una casa de buenas a primeras, corrían por auxilio de los gobiernos.
Allí cuando era detenido uno de los líderes opositores al despojo, los familiares y afectados buscaban desesperadamente la intervención de alguien para frenar la persecución.
Así ocurrió durante muchos años hasta que los colonos de La Cantera se toparon con el gobernador Alejandro Armenta Mier. Escucharon sorprendidos, en voz del propio mandatario, exhibir lo que ellos mismos denunciaron por años sin que nadie prestara oídos.
Convencidos de que ahora sí había una oportunidad real de ser atendidos, los vecinos se organizaron y acudieron al zócalo de la ciudad para intentar acercarse al gobernador a fin de exponerle el calvario padecido a manos de Grupo Proyecta. Y la apuesta funcionó.
Ayer, el gobernador de Puebla reveló que tanto la Fiscalía General del Estado como la Consejería Jurídica están investigando las quejas de los pobladores, además de garantizar que las familias recibirán asesoría y acompañamiento legal para defender sus derechos de propiedad.
Armenta sostuvo que esta vez no habrá impunidad. Dijo que su gobierno será cuidadoso, pero también firme, además de que la actuación del gobierno estatal será con cautela, a fin de evitar polemizar el tema que se pudiera interpretar como una cacería de brujas.
«Nosotros tenemos que ser cuidadosos, no queremos polemizar, ya ven cómo nos fue porque querer hacer justicia y lo vamos a hacer, hacer justicia, pero con precisión», declaró en referencia al exhorto del gobernador para que Grupo Proyecta donara dos hectáreas de terreno para la construcción de viviendas para policías estatales.
El problema no es nuevo, pero esta vez escaló. En pleno Zócalo capitalino, comuneros de Ocoyucan se le plantaron al gobernador para denunciar amenazas, hostigamiento y el intento de arrebatarles sus parcelas con la promesa de reubicarlos en terrenos como “La Quebrada”, donde dicen, no hay ni luz, ni agua, ni dignidad.
La denuncia colectiva apuntó con nombre y apellido a Grupo Proyecta. Según los afectados, representantes de la empresa, algunos disfrazados de contadores o intermediarios legales, habrían ejercido presión para ceder terrenos, con la advertencia de que “más vale aceptar antes de que sea por las malas”.
Alejandro Armenta, que ya había chocado antes con la empresa al pedir la donación de dos hectáreas para vivienda social en beneficio de policías, recordó que mientras unos se escandalizan, otros sí donan: en Huejotzingo y Amozoc, empresarios accedieron a apoyar al estado.
Por eso, el gobernador recordó que ante las injusticias a ejidatarios, las investigaciones ya arrancaron. Y mientras avanzan, el gobierno estatal prometió justicia, respeto a la propiedad comunal y el compromiso de que en Puebla, la tierra no se negocia con amenazas.
