En los 47 días que lleva en funciones la Estrategia Nacional Antiextorsión en Centros Penitenciarios, las corporaciones de los tres niveles de gobierno lograron el decomiso de 162 equipos telefónicos, objetos prohibidos y sustancias ilícitas, en los centros de readaptación de Puebla, Tepexi de Rodríguez, Tehuacán, Tecamachalco, Huauchinango y Acatlán de Osorio.
El despliegue inició el 6 de julio, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dieron la instrucción de intervenir las cárceles estatales. En Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ejecutó la orden con apoyo de la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército.
“Las acciones de supervisión de Centros Penitenciarios se realizan para dar seguimiento a su correcto funcionamiento; garantizar la seguridad de las Personas Privadas de su Libertad (PPL); supervisar las condiciones y salvaguardar el respeto a sus derechos humanos; recabar información para el diagnóstico general e individual por cada Centros Penitenciario; así como brindar atención médica y analizar el estado del área de salud”, señaló la corporación.
El objetivo: cerrar el paso a las llamadas de extorsión que, en muchos casos, tienen como blanco a ciudadanos comunes, pero también a presidentes municipales.
La propia SSP reconoció que al menos 16 alcaldes poblanos han recibido amenazas este año a través de llamadas telefónicas y en cinco casos, los ediles terminaron entregando dinero ante la presión de los extorsionadores.
Sánchez González explicó recientemente que, aunque varios intentos se han rastreado a penales poblanos, la mayoría proviene de cárceles de la Ciudad de México y Jalisco.
Recordó un episodio reciente: un presidente municipal de la región Izta-Popo recibió llamadas desde el penal de Santa Martha Acatitla, quien accedió a entregar dinero, pero al escalar las amenazas tuvo que pedir apoyo a las autoridades.
El gobernador Alejandro Armenta ha insistido en que la coordinación con la Federación es importante para contener este delito, por lo que en paralelo, lanzó la campaña “Unidos contra la Extorsión”, para promover la denuncia anónima al 089.
La línea recibe en promedio 34 reportes diarios, de los cuales uno de cada cuatro corresponde a intentos de extorsión. Por ejemplo, en solo dos semanas, del 7 al 20 de julio, llegaron 472 llamadas, 119 de ellas vinculadas con este delito. Uno de esos avisos permitió detener a un extorsionador que operaba en un mercado de Cholula.
De enero a julio, el estado de Puebla acumuló 108 carpetas de investigación por extorsión, lo que la ubica en el lugar 11 a nivel nacional. La capital encabeza, –hasta el cierre de ese mes– la lista con 55 casos, seguida de San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y municipios como Amozoc, Tehuacán y Huauchinango.
El plan estatal contempla la creación de una Unidad Antiextorsión, operativos sorpresa en penales, protocolos con la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas usadas por criminales y una campaña preventiva bajo el lema “Si contestas, ponte alerta”.
Además, de acuerdo con la estrategia dada a conocer el pasado 22 de julio, se firmarán convenios con bancos y cámaras empresariales para capacitar a cajeros y personal de atención, a fin de identificar depósitos sospechosos o intentos de secuestro virtual.
Limpia en penales
La “limpia” en los centros penitenciarios de Puebla también se ha intensificado durante los últimos meses. El 10 de agosto, por ejemplo. fuerzas federales y estatales realizaron un operativo sorpresa en el penal de San Miguel, donde fueron asegurados 515 gramos de marihuana y cristal, además de 87 objetos punzocortantes, 37 recipientes para consumo de drogas y 35 teléfonos celulares.
A lo anterior se sumó la incautación de bocinas, cargadores, audífonos, tarjetas SIM, cables y memorias USB, artículos que evidenciaron la persistencia del ingreso ilegal de mercancía.
Los cateos en San Miguel se habían repetido en varias ocasiones durante julio. El 24 de ese mes fueron asegurados en ese mismo penal 33 celulares, 39 cargadores, 15 audífonos, 18 bocinas, un videojuego, envoltorios con posible droga, ocho básculas, 30 pipas, 24 armas blancas y hasta un martillo artesanal.
Un día antes, el 23 de julio, se efectuaron inspecciones en los penales de Puebla y Tepexi de Rodríguez, con un saldo de 15 celulares, más de 50 objetos punzocortantes, chips, cables, bocinas, videojuegos y resistencias improvisadas.
Las acciones también se extendieron a principios de julio a los reclusorios de Huauchinango, Tehuacán y Puebla. En Huauchinango se decomisaron 20 celulares, nueve armas blancas y dos envoltorios de marihuana; en Tehuacán fueron incautados siete celulares, cinco pantallas, una bocina y 18 objetos punzocortantes; mientras que en la capital poblana se encontraron 34 recipientes para consumos ilícitos, 33 armas blancas y ropa de colores no permitidos.
Además, en mayo, la SSP encabezó un amplio operativo en el penal regional de San Pedro Cholula, donde fueron confiscadas 40 bocinas, 31 controles de televisión, 30 cargadores, 26 pantallas, 18 celulares, 14 armas blancas y 11 memorias USB, además de televisores analógicos, ventiladores, reproductores Blu-ray, decodificadores y cables de audio y video. De manera simultánea también hubo acciones en los reclusorios de Ciudad Serdán, Tehuacán y Huejotzingo.
