Desde 2019, cuando Morena pisó Casa Puebla por primera ocasión, las fuerzas del orden del estado y la federación iniciaron una serie de operativos destinados a desenquistar a los gobiernos municipales de la corrupción y los grupos criminales. A través de cateos, arrestos y coordinación con la Marina, la Guardia Nacional y la Sedena, desde Miguel Barbosa hasta Alejandro Armenta, han buscado restablecer la legalidad en municipios donde se detectaron nexos de presidentes municipales o sus familiares con la delincuencia organizada.
El caso más reciente y mediático tuvo lugar este 16 de mayo en Ahuazotepec, donde la Fiscalía y la Guardia Nacional catearon dos inmuebles vinculados al alcalde Alfredo Ramírez Hernández.
El operativo concluyó con la detención de su hijo, Alfredo Tadeo N., director del DIF municipal, a quien se le imputan delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Las viviendas fueron aseguradas al encontrar en su interior dosis de cristal, cocaína y varios cargadores de alto calibre.
Pero no es el primero ni el último caso. Un mes antes, en marzo de 2025, un operativo simultáneo en Ciudad Serdán y Tlachichuca dio con la captura de los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, alcaldes de esos municipios.
Ambos enfrentan acusaciones por extorsión sistemática a comerciantes, lavado de dinero y asociación delictuosa, tras investigaciones que revelaron cobros ilegales de derecho de piso y triangulación de recursos en empresas fantasma. Su padre, Ramiro González Vieyra, permanece prófugo.
En Cuautempan, las acciones judiciales se concentraron en el presidente municipal con licencia, Gerardo Cortés Caballero. A mediados de mayo de este año, la FGE emitió una orden de aprehensión en su contra por narcomenudeo, cobro de piso y acopio de armas.
Durante el cateo a sus propiedades se localizaron compartimentos para trasladar armas de fuego y droga, así como un arsenal de rifles de asalto y cargadores de alto calibre.
En cada intervención de alcaldes poblanos, el común denominador ha sido la detección de usos discrecionales de presupuesto e injerencia de grupos criminales en la seguridad, con delitos que van desde huachicol hasta narcotráfico y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Estos operativos no son hechos aislados. Desde 2021, municipios como Tehuacán fueron escenario de detenciones de sus presidentes municipales por desvío de recursos públicos.
Una cruzada contra el crimen
Desde que Miguel Barbosa Huerta asumió el Gobierno de Puebla en agosto de 2019, y hasta diciembre de 2022, la Fiscalía estatal y la Auditoría Superior del Estado documentaron la detención de 17 presidentes municipales y exalcaldes, desenmascarando tramas de corrupción, vínculos con el crimen organizado y conductas violentas.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió con Calixto González Montero, alcalde de Tepatlaxco de Hidalgo, detenido en julio de 2019 por abuso de autoridad.
Además, por el delito de ejercicio indebido de funciones, fue detenido ese mismo año el exalcalde de Quecholac, Alejandro Martínez Fuentes, aunque tras más de un año y medio en prisión preventiva, obtuvo su libertad en marzo de 2023, gracias a un amparo concedido por un juez federal en Tehuacán.
Felipe de Jesús Patjane Martínez, expresidente municipal de Tehuacán, fue también aprehendido en noviembre de 2019 mientras se dirigía a su boda en Cuernavaca. La FGE lo acusó de desvío un daño patrimonial de 60 millones de pesos, así como por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de funciones.
Mientras que, Edwin Mora Caballero, exalcalde de Huaquechula, fue detenido en diciembre de 2021 por uso de documentos falsos y uso ilícito de atribuciones y funciones, aunque liberado un año y medio después tras obtener un amparo de un juez.
Otros casos fueron el de Eyerim Espinosa, exedil de Tepeyahualco, vinculado a proceso por un daño eco-ambiental a la laguna de Alchichica, mientras que Gonzalo Morales Arce, de Coronango, fue arrestado por daño patrimonial por irregularidades en el uso de 7 millones de pesos.
En la zona conurbada de Puebla, Leoncio Paisano Arias, exalcalde de San Andrés Cholula, fue denunciado por peculado y aprehendido por daño patrimonial al autorizar compras millonarias sin licitación, una conducta que reveló desfalcos de hasta 50 millones de pesos en recursos municipales.
Mientras que el caso de Piaxtla cautivó la atención nacional: en junio de 2022, tras 20 días prófugo, fue detenido el presidente municipal Miguel Ángel Maceda Carrera, señalado por el homicidio doloso de un detenido en celdas municipales, Ángel Tigre Aquino, quien murió de contusiones y hemorragia tras ser arrestado por policías.
Además, en octubre de 2023, el exalcalde de Acteopan, Álvaro N., fue capturado por la Fiscalía de Puebla y la de Morelos, acusado de feminicidio tras el hallazgo del cuerpo de su esposa, quien fue lanzada desde un vehículo del DIF en movimiento, perdiendo la vida al instante.
