La Corte Suprema permitió el lunes al gobierno de Trump despojar de las protecciones legales a 350 mil venezolanos, exponiéndolos potencialmente a la deportación.
La orden del tribunal, con solo un voto en contra, suspende el fallo de un juez federal de San Francisco que mantuvo vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, el cual, de otro modo, habría expirado el mes pasado. Los jueces no presentaron justificación alguna, algo habitual en las apelaciones de emergencia.
El estatus permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros para el regreso debido a desastres naturales o conflictos civiles.
La orden del Tribunal Supremo parece ser “la acción más grande en la historia moderna de Estados Unidos que despoja a cualquier grupo de no ciudadanos de su estatus migratorio”, dijo Ahilan Arulanantham, uno de los abogados de los inmigrantes venezolanos.
“Esta decisión obligará a las familias a estar en una posición imposible: elegir entre sobrevivir o elegir la estabilidad”, dijo Cecilia González Herrera, quien presentó una demanda para intentar impedir que la administración Trump revocara las protecciones legales de ella y otras personas como ella.
“Los venezolanos no somos criminales”, afirmó González Herrera.“Todos merecemos la oportunidad de prosperar sin tener que volver al peligro”, afirmó.
Las consecuencias para los cientos de miles de personas afectadas aún no están claras, afirmó Arulanantham. El Departamento de Seguridad Nacional no hizo comentarios inmediatos sobre la orden de la Corte Suprema.
Un tribunal federal de apelaciones había rechazado previamente la solicitud del gobierno de suspender la orden mientras continúa la demanda. Se ha programado una audiencia para la próxima semana ante el juez federal de distrito Edward Chen, quien había suspendido los planes del gobierno.
Este caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que la administración del presidente Donald Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración y con Venezuela. La semana pasada, el gobierno solicitó a la corte que le permitiera cancelar la libertad condicional humanitaria de cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, exponiéndolos también a una posible deportación.
El alto tribunal también ha intervenido en frenar los esfuerzos de Trump para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador bajo una ley de guerra del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
La compleja crisis económica y política en Venezuela ha obligado a más de 7.7 millones de personas a abandonar el país sudamericano desde 2013. Los problemas económicos más recientes de Venezuela elevaron la inflación interanual en abril al 172 %.
Este último episodio incluso llevó al presidente Nicolás Maduro a declarar una «emergencia económica» el mes pasado. Maduro, cuya reelección el año pasado para un tercer mandato ha sido condenada internacionalmente como ilegítima, también ha reprimido a sus oponentes políticos.
En la disputa sobre el TPS, el gobierno ha actuado con firmeza para retirar diversas protecciones que han permitido a los inmigrantes permanecer en el país, incluyendo la eliminación del estatus de protección temporal para un total de 600 mil venezolanos y 500 mil haitianos. Este estatus se otorga en periodos de 18 meses.
Las protecciones debían expirar el 7 de abril, pero Chen descubrió que dicha expiración amenazaba con afectar gravemente la vida de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en pérdida de actividad económica.
Chen, quien fue designado para el cargo por el presidente demócrata Barack Obama, concluyó que el gobierno no había demostrado ningún daño causado por mantener vivo el programa.
Pero el Procurador General D. John Sauer escribió en nombre de la administración que la orden de Chen interfiere inadmisiblemente con el poder de la administración sobre inmigración y asuntos exteriores.
Además, Sauer dijo a los jueces que las personas afectadas por el fin del estatus de protección podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país porque la “decisión de terminar el TPS no es equivalente a una orden de expulsión final”.
El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.
La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que habría rechazado la apelación de emergencia de la administración.
Con información de AP
