El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) vive uno de sus momentos más críticos en los últimos años: una tormenta donde se mezclan acusaciones de corrupción, operación ilegal de granjas de criptomonedas y ahora, un próximo proceso electoral sindical que amenaza con arrebatar el cargo al sempiterno líder Martín Esparza Flores.
Primero fueron los videos, documentos y fotografías que exhibieron la existencia de granjas de criptomonedas instaladas en predios del SME, operadas presuntamente con electricidad robada y bajo el consentimiento de la cúpula sindical.
@desde_lasilla ⚡️🚨 ¡Escándalo en Puebla! Marina, Ejército y Guardia Nacional irrumpen en Juan Galindo para desmantelar tomas clandestinas de energía que alimentaban granjas ilegales de criptomonedas, ligadas al Sindicato Mexicano de Electricistas y al diputado Miguel Márquez Ríos.
Luego, la intervención de elementos del Ejército, la Marina y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en uno de esos predios –el Campamento Km. 153 en Nuevo Necaxa, Puebla–, que terminó por encender las alarmas.
La respuesta de Martín Esparza no tardó en llegar: denunció un “golpe político” y una “conspiración golpista” orquestada por el Frente Amplio de Unidad (FAU), una agrupación disidente conformada por extrabajadores electricistas que, lejos de achicarse ante los señalamientos, inscribieron su propia planilla para competir en la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato.
El golpe a la vieja guardia
La irrupción del FAU sacudió los cimientos de la actual dirigencia. Con la mira puesta en democratizar al SME, el Frente acusó a Esparza de operar de forma opaca, enriqueciéndose a costa del patrimonio sindical.
Según el FAU, al menos 50 inmuebles y 14 plantas de energía eléctrica, entregadas en 2013 bajo la condición de no lucrar con ellos, han sido convertidas en negocios personales. Solo en 2023, la empresa Generadora Fénix –creada entre el SME y la portuguesa Mota-Engil– generó 15 mil millones de pesos. De esa suma, apenas 450 millones llegaron a los extrabajadores.
En instalaciones del SME ubicadas en la localidad El Oro, Estado de México, ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro descubrieron lo que sería otra granja de criptomonedas como las que operaban en Nuevo Necaxa. pic.twitter.com/e6ZJwDD4os
— Rodrigo Hernández López (@lopezperiodista) April 26, 2025
La venta de energía eléctrica de Generadora Fénix superó los 32 mil millones de pesos en ocho años. El SME, poseedor del 49 por ciento de la sociedad, repartió de forma muy desigual los ingresos: cada trabajador sindicalizado recibe apenas 4 mil pesos al año, es decir, unos 14 pesos diarios, lo que generó fuertes inconformidades entre los trabajadores disidentes, como el grupo Frente Amplio de Unidad.
“Los bienes eran para la reinserción laboral de los electricistas despedidos tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro. En cambio, se convirtieron en fuente de riqueza para unos cuantos”, denunció Rosendo Flores, dirigente del FAU.
Lo peor es que, de acuerdo con los propios sindicalistas, la operación de una granja de criptomonedas en instalaciones sindicales es un escándalo sin precedentes, tema que ya es investigado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal en dos municipios poblanos y se exrendería a otros estados como Morelos, Hidalgo y Estado de México.
Según cálculos del FAU, una granja de este tipo puede consumir hasta 450 mil kilowatts-hora, lo que en tarifa doméstica representa más de 1.8 millones de pesos mensuales, todo al servicio de Martín Esparza en presunto contubernio con el diputado local del PT, Miguel Márquez Ríos, con fuertes vínculos en el SME.
La narrativa oficial: paranoia
Luego de que crecieron los señalamientos, Esparza y su círculo respondieron con una narrativa de traición y asedio. A través de un comunicado fechado este 12 de mayo, el Comité Central del SME acusó la presunta existencia de una “conspiración política de carácter golpista” que buscaría sabotear el proceso electoral interno, colocando en la mira a la disidencia agrupada en el Frente Amplio de Unidad (FAU).
La dirigencia encabezada por Martín Esparza adoptó un tono alarmista, al advertir que la “planilla fantasma” del FAU no era más que un grupo de choque infiltrado con la intención de provocar violencia, justificar la intervención del Estado y anular los comicios sindicales.
En el documento, el SME se presentó como “víctima” de una maniobra deliberada, donde la “ilegalidad y la violencia” se estarían utilizando como instrumentos para imponer, por la fuerza, una “salida política” que la disidencia no ha podido conquistar por vías legales.

Lejos de ofrecer explicaciones sobre las acusaciones de corrupción en sus instalaciones para la creacion de bitcoins, el comunicado responsabilizó directamente a los líderes del FAU –Rosendo Flores, Mario Benítez y Ramón Pacheco– de cualquier confrontación física o daño al patrimonio sindical.
@desde_lasilla ⚡️ Escándalo en México: robo de luz para minar Bitcoin no solo en Necaxa, Puebla, sino también en Alameda, San Simonito (Edomex) y Juando (Hidalgo). 💸 ¡Una sola criptomoneda cuesta 450,000 Wh, equivalente a 1.8M de pesos! #Corrupción #Bitcoin ♬ sonido original – Desde La Silla
El discurso llegó a tal grado que también exigieron la intervención de la Fiscalía General de la República para investigar al grupo opositor por “asociación delictiva” y “alteración del orden”, sin ofrecer mayores pruebas más allá de “audios y videos”, cuya existencia no ha sido comprobada públicamente.
El discurso, plagado de términos como “golpismo charril”, “chantaje” y “planilla irregular”, mandó un mensaje para blindar a la cúpula sindical en una retórica de asedio, apelando a la solidaridad del movimiento sindical.
“Estamos, por tanto, ante una maniobra política de carácter charril, golpista y violenta que apuesta por el caos para sabotear el proceso electoral democrático de nuestra organización. Una acción deliberadamente delictiva para desconocer la legalidad vigente, invalidar el proceso electoral legítimo y sustituirlo con una supuesta salida política impuesta mediante la fuerza y el chantaje. Se pone en riesgo, la integridad de nuestros agremiados y la paz pública”, acusaron.





