La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda de extinción de dominio para que el Estado mexicano recupere mil 595 millones de pesos que presuntamente provienen de operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales con mayor presencia en el país.
De acuerdo con la autoridad federal, el recurso económico estaría relacionado con actividades ilícitas utilizadas para financiar la estructura operativa del cártel. El caso se perfila como uno de los más relevantes en la estrategia gubernamental para debilitar las finanzas del crimen organizado.
La extinción de dominio es un mecanismo legal que permite al gobierno asegurar bienes o recursos de origen ilícito sin que exista necesariamente una sentencia penal previa contra los involucrados. Este instrumento ha sido utilizado en los últimos años como parte del combate al lavado de dinero y a las organizaciones delictivas.
