Contraloría pone sellos a oficinas del Síndico ante denuncias de corrupción en San Pedro Cholula

La Contraloría municipal abrió una investigación contra el síndico Iván Cuautle Minutti por posibles actos ilegales, entre ellos la grabación secreta de ciudadanos; sus oficinas fueron clausuradas este jueves tras los señalamientos.

Ignacio Juárez/Iván Rivera  

Tras el escándalo de presunta corrupción que envuelve al síndico de San Pedro Cholula, Iván Cuautle Minutti, la Contraloría municipal tomó la decisión de colocar sellos a las oficinas del funcionario, con la finalidad de resguardar toda la documentación que allí existe como parte de una investigación interna.

Aunque al cierre de esta edición no se sabía con certeza la causa que se sigue contra el abogado de la Comuna sampetrina, la víspera apareció información periodística sobre presuntas acciones dolosas de Cuautle Minutti para que, a cambio de moches, dejara perder laudos y procedimientos jurídicos que se ventilan contra el Ayuntamiento de ese lugar.

El asunto no es menor. De acuerdo con dichas versiones, la gestión de la alcaldesa Tonantzin Fernández ha tenido que desembolsar alrededor de 20 millones de pesos para el pago de diferentes juicios perdidos por la Sindicatura desde que asumió el control de la Comuna a la fecha.

La intervención de las oficinas ocurrió por la mañana de este jueves, cuando personal de la Contraloría municipal impuso sellos de resguardo a la oficina. La acción tomó por sorpresa a Iván Cuautle, quien prácticamente no pudo hacer nada para detener la acción, así como tampoco tuvo el tiempo suficiente para extraer la documentación que allí se encontraba.

Fuentes allegadas al caso explicaron a estos reporteros que, hasta el momento, la Contraloría municipal, a cargo de Gerardo Guzmán Tenorio, no había informado oficialmente al síndico las causas jurídicas o procedimientos administrativos iniciados para justificar la intervención de las oficinas, aunque la acción fue acompañada con el cese de cuatro servidores públicos que allí trabajaban.

Horas después de la clausura, en diferentes medios de comunicación y redes sociales se denunció que el síndico supuestamente realizaba grabaciones de reuniones y conversaciones con ciudadanos dentro de sus oficinas, sin su conocimiento ni consentimiento.

Según la información difundida, Cuautle Minutti habría instalado cámaras para registrar encuentros con particulares que acudían a solicitar servicios jurídicos o a tratar temas administrativos, violando así su privacidad.

Al filo de las 17 horas, el director de la Policía Municipal de San Pedro Cholula acudió directamente al Palacio Municipal para desalojar al síndico municipal, quien se encontraba despachando en el recinto. El argumento del uniformado fue que había recibido instrucciones de que el horario laboral concluía a esa hora y nadie podía permanecer en el interior.

En un video al que tuvieron acceso estos reporteros se observa al director de la Policía pidiendo al síndico su retiro del lugar, pero al ser cuestionado por la indicación solo pudo justificar que varios elementos más acudirían al lugar para evitar algún tipo de incidente o altercado.

“Tengo la indicación y si no la quiere acatar nomás la informo, sin problema y no me importa que me grabe”, alcanza a afirmar el director. “Sí, lo estoy haciendo, yo soy una autoridad también, se lo recuerdo”, le reviró el síndico. “Le estoy invitando a que haga favor de cerrar la oficina (alterna donde despacha), retirarse y tener su reunión allá afuera o en otro sitio”, contrapunteó el uniformado.

Las otras sospechas

Horas antes de la colocación de sellos en la Sindicatura, en diferentes medios de comunicación locales y regionales aparecieron denuncias por una mala praxis de Iván Cuautle con la finalidad perder juicios que se iniciaron contra el Ayuntamiento de San Pedro Cholula a cambio de moches económicos.

El director de editorial de MTP Noticias, Iván Tirzo, reveló un documento presentado a la Oficialía de Partes del Gobierno del Estado por parte de una exempleada del gobierno municipal, en el que denunciaba que el síndico le habría exigido la cantidad de 200 mil pesos para “realizar y agilizar” el pago de salarios y prestaciones de 10 años tras haber sido despedida injustificadamente en 2015.

Según la columna Golpe Bajo, titulada Laudos: la ‘milpa’ del síndico de San Pedro Cholula, la denuncia fue presentada el 3 de junio pasado y quedó registrada con el folio 26 y asienta: “En dicha reunión, mi abogado refiere que el síndico municipal (actual) de San Pedro Cholula pidió 200 mil pesos (100 para él y 100 para su contacto en el Tribunal) para realizar y agilizar la pensión y pago de laudo referido”.

Este acto, sin embargo, sería la confirmación de un modus operandi por parte del síndico para obtener ganancias a cambio de que se perdieran juicios iniciados contra la administración sampetrina.

“Desde hace nueve meses del inicio de la actual administración municipal, este gobierno ha desembolsado más de 20 millones de pesos para pagar asuntos legales que pierde este ayuntamiento, los cuales están en manos de la Sindicatura.

“Los compañeros de Cabildo de este personaje sospechan que hay omisiones dolosas en la defensa de los diversos asuntos jurídicos, y presunto contubernio con las contrapartes para favorecerlas. ¿A cambio de qué?”, asienta el periodista Iván Tirzo.

El reclamo de los comerciantes

Mientras la confiscación de las oficinas ocurría y difundían los videos de la supuesta grabación ilegal detectada en la Sindicatura, los comerciantes del mercado “Cosme del Razo” dieron a conocer un comunicado en el tronaron contra la administración municipal.

“Los hechos ocurridos el pasado 8 de julio, en los que hombres presuntamente armados irrumpieron en el mercado agrediendo a la administración y a uno de nuestros compañeros, representa una grave amenaza no solo para nuestra seguridad sino para la paz y la legalidad en todo municipio”.

El documento continúa: “Ese mismo día se instaló una mesa de trabajo con la presidenta municipal, quien se comprometió a reforzar la seguridad y garantizar la integridad de  quienes laboramos en el mercado. Se acordó mantener el diálogo y dar seguimiento puntual para esclarecer los hechos. No obstante, este proceso fue obstaculizado por la aparición de información contundente que apunta a posibles vínculos internos del propio Ayuntamiento en estos lamentables acontecimientos”.

Luego, viene la principal denuncia: “Hoy, lejos de encontrar respuestas y soluciones, observamos con preocupación una disputa política dentro del Ayuntamiento para deslindarse de responsabilidades.

“Exigimos que se investigue a fondo, que se presentes los resultados y que quienes hayan participado o encubierto estos hechos respondan ante la justicia. Igualmente exigimos certeza jurídica sobre la documentación extraviada ese día, que incluye títulos de concesión esenciales para la operación legal de nuestros espacios.

“No estamos dispuestos a tolerar más omisiones ni indiferencia. La ciudadanía está atenta, y si el Ayuntamiento no actúa con firmeza, claridad y responsabilidad, el enojo social será inminente”.

 

La venta de espacios

A la par, el medio regional de noticias Cuarto Poder dio a conocer que Cuautle Minutti también es señalado por presuntamente operar una red para apropiarse de predios sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, enfocándose especialmente en terrenos deshabitados o pertenecientes a personas adultas mayores en situación vulnerable.

A esto se suma que, durante la pasada administración, encabezada por Paola Angón, fue despedido de la Contraloría municipal tras diversas quejas que incluían prácticas de espionaje a funcionarios municipales. Hoy, con un cargo aún más relevante, los señalamientos no han hecho más que escalar.

Testimonios también señalan que Cuautle Minutti habría intentado imponer un tianguis sin autorización a fin de controlar directamente el cobro de cuotas a comerciantes, dinero que, según versiones recogidas por el medio, tendría como destino un reparto con presuntos grupos delictivos, pero el plan se habría venido abajo cuando el síndico incumplió dichos acuerdos.

“Durante la campaña, se le entregaron 300 mil pesos de un millón pactado, porque nos iba a dar un terreno para instalar un tianguis que varias organizaciones planeábamos establecer en San Pedro Cholula. Nos citaba en restaurantes de Angelópolis, específicamente en Brasa Negra y Casa María», señaló una de las denuncias anónimas.

A esto se suman acusaciones de haber ofrecido ilegalmente la administración de baños públicos en el barrio de Santiago Mixquitla, así como de filtrar información sobre posibles terrenos a ser invadidos, asegurando que contaba con el aval de la presidenta municipal.

También se le señaló por operar políticamente para desplazar a funcionarios como Max Ortega del área de Comercio, con el objetivo de concentrar aún más poder y beneficios económicos personales.

Otro de los puntos de tensión gira en torno al mercado municipal Cosme del Razo, donde es el principal sospechoso de haber prometido espacios para la agrupación 28 de Octubre.

El tema explotó cuando el pasado 8 de julio en el mercado municipal “Cosme del Razo”, un grupo de al menos 20 personas armadas irrumpió en el mercado para exigir el cumplimiento de supuestos acuerdos económicos previamente pactados con el funcionario.

Los agresores golpearon al administrador del mercado y a su secretaria, además de que causaron destrozos y amenazaron a locatarios, por lo que nueve personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales.

Tras estos señalamientos, la regidora Liz Minto pidió en Cabildo que Iván Cuautle se separara del cargo mientras avanzaban las investigaciones, por lo que, en respuesta, comenzaron ataques en redes contra ella y otros funcionarios, lo que alimentó la sospecha de que el Síndico buscaba desviar la atención pública.

La presidenta municipal, por su parte, afirmó que no permitirá actos de corrupción dentro de su gobierno y denunció haber recibido amenazas tras iniciar las investigaciones.


Mientras que la respuesta del Síndico, que llegó tardía, hasta el momento ha sido de total deslinde, toda vez que negó haber recibido dinero o estar implicado con organizaciones criminales y en un intento por salir del paso, responsabilizó al director de Normatividad de los hechos en el mercado.

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