En una jornada que combinó el peso del discurso con el filo de la discrepancia, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría de votos la reforma al artículo 480 del Código Penal, relativo al delito de ciberasedio. Fue una decisión tejida a lo largo de casi un mes de foros y mesas de diálogo con ciudadanos, especialistas y defensores de derechos humanos. En el fondo, lo que se discutía no era solo una definición legal, sino el alcance mismo de la libertad en la era digital.
Con 34 votos a favor, seis en contra —provenientes de la bancada del PAN y de la diputada priista Delfina Pozos— y una abstención por parte de Fedrha Suriano, de Movimiento Ciudadano, la reforma cristalizó en el Pleno. Entre los escaños, las posturas se tensaron, las voces se elevaron y los principios, una vez más, fueron puestos a prueba.
Delfina Pozos fue la primera en tomar la tribuna. Con voz firme, cuestionó la abstención de la legisladora emecista y la acusó de alinearse con el oficialismo. «Cuando se trata de derechos, no se puede ser neutral», lanzó, como un eco que resonó en las paredes del recinto legislativo.
Desde el PAN, se sumaron críticas. La diputada Susana Riestra consideró que la nueva redacción no representaba el espíritu de los foros ciudadanos. Temió que, aun con los cambios, la denuncia pública pudiera ser criminalizada.
«No a criminalizar la denuncia pública. No a criminalizar la libertad de expresión», insistió, con la expectativa de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación enmendara lo aprobado.
En el lado opuesto del espectro político, la coordinadora de la bancada de Morena, Laura Artemisa García, defendió la reforma como un ejercicio de apertura y escucha.
Recordó las heridas que dejaron legislaturas pasadas. Aprovechó su intervención para contrastar la actual Legislatura con gobiernos anteriores, cuestionando dónde estaban las voces críticas cuando se retiró el Registro Civil de las juntas auxiliares, se aprobó la Ley Bala —que provocó la muerte de un menor en Chalchihuapan— o se avalaron obras como el CIS o el Museo Barroco.
Cuestionó en dónde estaban las voces críticas y que defendían el interés de los poblanos, y contrastó esos momentos con lo que llamó una nueva época legislativa, una donde, dijo, la voz ciudadana tiene eco.
“Que quede claro que hoy no hubo cerrazón, que no hay censura ni autoritarismo, estamos y seguimos abiertos al diálogo, al trabajo en equipo y a la oportunidad de aclarar para dar certeza a los poblanos».
Su mirada fue directa y su reclamo claro: “Hoy, esa historia ha cambiado. Hoy hay diálogo. Hoy legislamos con la ciudadanía, no a sus espaldas.”
La presidenta del Congreso destacó que se presentaron propuestas por algunas fuerzas políticas, propuestas para su aprobación, sin tener en cuenta la necesidad de garantizar a las y los poblanos espacios digitales seguros.
La indirecta se hizo directa. Una de esas fuerzas presentó ya una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para su modificación; sin embargo, señaló que este recurso presentado por el PAN fue con vicios claros de improcedencia, por defender la libertad de expresión y la ausencia total de técnica y legalidad.
Y añadió con ironía: “Un mes tardaron en presentar una propuesta de modificación, y aun así carecía de técnica, de legalidad y de seriedad. ¿Qué estaban esperando?”, en alusión al PAN.
«Algunos pidieron su abrogación total. ¿Pero qué hubiera significado eso para las víctimas que día a día viven acoso, amenazas, persecución en línea?».
García Chávez recordó que la figura del ciberasedio, aunque polémica, nació con un propósito legítimo: proteger a las y los poblanos de la violencia digital.
Defendió también el contenido técnico de la reforma. Aclaró que se respetó el principio de taxatividad —es decir, la claridad jurídica— y que se adoptó el verbo rector “intimidar” como eje del tipo penal, siguiendo precedentes federales y criterios de la Suprema Corte.
“Nos acusan de ambigüedad quienes desconocen que el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado ya tipifican la intimidación. Se rasgan las vestiduras por ignorancia… o por conveniencia política».
En contraste, la legisladora reconoció la aportación de Movimiento Ciudadano y del PRI por su disposición a construir en lugar de obstruir. En particular, destacó que gracias a la propuesta de Fedrha Suriano, se eliminó toda posibilidad de que las críticas hacia servidores públicos fueran sancionadas. Además, se redujo la pena mínima de 11 a 6 meses, y se mantuvo la máxima en 5 años.
“Hoy no cerremos las puertas, no perseguimos, nunca callamos voces, ni tenemos presos políticos, tenga la confianza de que lo escuchamos y atendemos la problemática que día a día los aquejan, siendo una de ellas la necesidad de contar con espacios digitales seguros y libres de violencia».
El nuevo texto fue aprobado tras su paso por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que atendió el principio de taxatividad, es decir, la claridad jurídica en la definición del delito. Así, el verbo rector —intimidar— se mantiene, pero enmarcado en una interpretación que no deja espacio para la ambigüedad.
En su cierre, la legisladora morenista envió un mensaje claro a quienes aún dudan: “Tengan la confianza de que los escuchamos. Hoy legislamos para ustedes y con ustedes. No copiamos, no plagiamos, sino que adaptamos nuestras leyes al ritmo de una sociedad que cambia, pero sobre todo que construye con la participación de todos y de todas.”
El artículo 480, antes motivo de preocupación y controversia, ahora camina hacia una nueva etapa. El Congreso lo ha reformado, sí, pero más que eso: ha abierto un espacio para la crítica libre, sin dejar de proteger a quienes enfrentan violencia digital. En tiempos de hiperconectividad, esa es quizás una de las garantías más urgentes y complejas.
